Se buscan socios para el desarrollo energético local

Por Cecilia Zabala

Empresas mendocinas podrán constituirse como socios de la Empresa Mendocina de Energía S.A. (EMESA) para el desarrollo de proyectos energéticos renovables que serán elegidos por la Nación a través de una convocatoria abierta para contratos de abastecimiento de la red interconectada. 

El objetivo de EMESA es buscar socios locales, nacionales o internacionales para la construcción (y financiamiento) de los proyectos que serán ofertados en la licitación que llevará a cabo el Ministerio de Energía de la Nación a finales de agosto próximo. Este es el eje del programa RenovAr de energías renovables para el período 2016-2025, lanzado días atrás por el presidente Mauricio Macri, con el que se busca aumentar la participación de las fuentes renovables en la matriz energética del país, hoy híper concentrada en gas y petróleo. Con esta licitación, el Gobierno se propone para 2025 lograr que el 20% de la energía que produce el país provenga de fuentes renovables. Para esto se consiguió que el Banco Mundial garantice los contratos de abastecimiento (PPA) y la creación del FODER (Fondo de Energía Renovable) con un aporte de $12 millones, que cumple la doble función de garantizar los contratos y cofinanciar proyectos.

CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) comprará hasta 1.000 megavatios (MW) de potencia que se sumarían a la oferta energética del país, divididos de la siguiente manera: 600 MW Eólicos, 300 MW Solares, 65 MW de Biomasa, 20 MW de Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos y 15 MW de Biogas. Es decir que la licitación que ya se lanzó no elegirá proyectos para financiar, sino para comprar la energía. Por eso, EMESA necesita de socios que construyan los proyectos que tiene en mente para producir y salir a vender esta energía.

Desde Mendoza son 8 proyectos de entre 100 y 150 MW, entre ellos 6 fotovoltaicos, 1 eólico y 2 pequeñas centrales hidroeléctricas.

“La competencia es por tarifa”, aclaró subsecretario de Energía y Minería de Mendoza, Emilio Guiñazú. “A competencia de tarifas por megavatio/ hora se elegirá la más barata”, sostuvo el funcionario para quien “el desarrollo de proyectos con eficiencia óptima es clave”.

EMESA está en la búsqueda de socios interesados en desarrollar los proyectos.  “El socio tiene que entrar con todo resuelto. El financiamiento corre por cuenta de quien haga el proyecto, tiene que asumir el riesgo de invertir en el desarrollo del proyecto”, sostuvo Guiñazú.

“Se va a conformar una sociedad entre EMESA y sus socios. Nosotros elaboramos los proyectos, elegimos los terrenos, conseguimos los permisos de construcción y ambientales, cuestiones que no son menores”, aclaró el funcionario.

Mientras que los socios tendrán a su cargo la ingeniería de los proyectos, las garantías, el financiamiento y la construcción de la obra.

“El objetivo es priorizar socios mendocinos, sobre todo lograr que la mayor cantidad de los equipos necesarios sean locales”, aseguró Guiñazú, quien sin embargo señaló que ya hay muchos grupos económicos internacionales interesados en esto.

Por estos días EMESA deberá definir los criterios de selección de socios, que deberán demostrar “condiciones sólidas” para embarcarse en esto.

Por su parte, el director de Energía de Mendoza, Pablo Magistocchi, destacó que estos proyectos han sido planificados para fomentar un sector que se sostenga en el tiempo y que genere empleo, sustentabilidad y desarrollo económico. “Las energías renovables, además de descarbonizar la matriz primaria de energía, deben ser un vector del crecimiento económico que genere fuentes de empleo calificadas”, agregó.

 

Lejos de la escena mundial

Según  la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA, por sus siglas en inglés) la Argentina no aparece entre los países de mayor producción energética sustentable. El ranking lo encabeza China, seguido por Estados Unidos, Alemania, Japón, Italia, India, España, Francia, Brasil, Canadá, que generan más del 70% de este tipo de energía (ver graficos). En tanto, en Sudamérica, Argentina ocupa el sexto lugar entre los países con mayor capacidad instalada de energías renovables, también según IRENA.

Se estima que una vez concluidas las obras seleccionadas, se ahorrarían en el país unos 300 millones de dólares al año en importación de combustibles para generación eléctrica (calculados al precio internacional actual del petróleo que se encuentra en el orden de los 50 dólares por barril). 

Además, destacan que se reduciría la emisión de casi 2 millones de toneladas de CO2 (dióxido de carbono) a la atmósfera en forma anual, lo cual sería el equivalente a la contaminación de unos 900.000 autos.

 

Represas chinas más chicas y ecológicas

El Gobierno renegoció con China las condiciones para la construcción de las represas Cepernic y Kirchner en la provincia de Santa Cruz con una reducción del costo de 3.000 millones de dólares en función de las nuevas características que tendrá la obra: menos turbinas para bajar la cota y evitar daños medioambientales, una extensión del plazo de 66 a 80 meses y la propiedad definitiva en manos del Estado Nacional.

El paso inmediato es la indispensable aprobación que se espera en la legislatura santacruceña para recomenzar los trabajos, que en principio será durante septiembre, una vez que comience a mermar el crudo invierno del sur argentino, confiaron a Télam fuentes oficiales.

El Estado Nacional mantendrá la propiedad de las obras, que se ejecutarán bajo la órbita de la Secretaría de Energía Eléctrica, a cargo de Alejandro Sruoga, y con la supervisión del ministro de Energía, Juan José Aranguren, el factótum para delinear las modificaciones que se introdujeron en el Convenio Marco.

El nuevo convenio se firmará con la UTE integrada por la compañía Electroingeniería y la estatal china Gezhouba tras el visto bueno que en el término de 60 días deberá dar la legislatura santacruceña.

El acuerdo con China prevé, entre otros temas, reducir el número de turbinas de 11 a 8 y también una baja en el costo de la obra de un estimado inicial de U$S7.000 a 4.000 millones.

La obra tendrá un plazo de ejecución de casi siete años, generará 5.000 puestos directos de trabajo y se estima que 40% del costo estará destinado al pago de mano de obra.

Hasta el momento se habían realizado trabajos básicos de campo, con un desembarco inicial de maquinaria que permitió un comienzo parcial, que se retomará en septiembre con las nuevas condiciones del acuerdo de marzo.

Aranguren adecuó la obra a los términos de la ley 15.336 por cuanto la misma tiene como destino proveer energía eléctrica a más de una jurisdicción a través del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y que el establecimiento es de utilidad nacional y ha sido contratado como una obra pública nacional y será financiada con fondos del Estado Nacional.

Los derechos de venta de energía corresponden al Estado Nacional y forman parte del objeto de la concesión a otorgarse, percibiendo en su caso la provincia de Santa Cruz 12% de regalías por tal generación.

Bajo estas condiciones se adecuó el nuevo convenio, que sustancialmente contempla el repago de los trabajos a través de la propia energía generada.