La salida española para resolver el déficit de viviendas
El presidente español, Pedro Sánchez, anunció que el gobierno financiará 43.000 viviendas destinadas al alquiler a precios accesibles, con el objetivo de reducir el costo de las viviendas y frenar las subas de las rentas. Estas viviendas serán destinadas exclusivamente al alquiler y podrán ser tanto de nueva construcción como propiedades ya existentes que serán rehabilitadas.
El 63% de los hogares inquilinos está endeudado
Para llevar adelante esta iniciativa, se creará una nueva línea del banco público ICO (Instituto de Crédito Oficial) por 4.000 millones de euros. Estas 43.000 viviendas se sumarán a otras 50.000 ya anunciadas que forman parte del plan de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). La Sareb se creó a partir de la crisis financiera de 2008 para vender o alquilar las viviendas embargadas por los bancos, y actualmente maneja 200.000 activos "tóxicos" o "subprime", entre préstamos e inmuebles.
La entidad posee un stock potencial de viviendas terminadas de 21.000 unidades, 14.000 habitadas, a cuyos inquilinos se les ofrecerá asistencia, y suelos disponibles para construir 15.000 nuevas viviendas.
Según indicó La Moncloa en un comunicado, "vamos a hacer del acceso a la vivienda un derecho y no un problema, porque no hay nada más constitucional que la nueva Ley de Vivienda y convertir vivienda en el quinto pilar estado bienestar", remarcó Sánchez en declaraciones difundidas por la agencia Europa Press.
En su discurso, el mandatario socialista cuestionó la política "neoliberal" de vivienda durante los gobiernos del Partido Popular (PP), donde se convirtió en una "mercancía" en lugar de ser un derecho.
Todo indica que la nueva Ley de Vivienda a la que hace referencia Sánchez será aprobada por el Parlamento en las próximas semanas, luego de que la coalición gobernante alcanzara un acuerdo con los movimientos independistas, el catalán ERC, y el vasco Blidu.
La normativa incorpora dentro del territorio español las denominadas "zonas tensionadas", áreas que podrán declarar las comunidades autónomas y donde los alquileres superen el 30% de los ingresos promedio de los hogares, o, en su defecto, donde el precio de la vivienda en venta o alquiler aumentó, al menos, 3 puntos por encima de la inflación en los últimos cinco años.
En el caso de estas zonas, los nuevos contratos de alquiler estarán regulados y no podrán subir más que un determinado porcentaje. Los topes a los alquileres ya fueron implementados por el fuerte incremento inflacionario durante la pandemia.
