La megaobra que cambiará al Poder Judicial ya está en marcha

Las obras emblema son tres edificios que cubrirán más de 18 mil metros cuadrados. En total se invertirán $1.300 millones y ya hay dos licitaciones en marcha. Nación comprometió $450 millones.


Por Ezequiel Derhun


Una de las obsesiones de la gestión de Alfredo Cornejo es mejorar la administración de Justicia. Con más de 25 leyes aprobadas para eficientizar el Poder Judicial, faltaba infraestructura para contener esas reformas. La modificación más importante de los últimos años es la construcción del llamado Polo Judicial, para trasladar todo el fuero penal a un nuevo complejo de tres edificios ubicado detrás del complejo penitenciario de San Felipe en Ciudad.


El predio, hacia el oeste de la cárcel que está contigua a Boulogne Sur Mer, ya estaba en la mira del Gobierno desde la gestión del justicialista Celos Jaque, pero poco se había avanzado. Ahora, se han adelantado varios casilleros y en la mente de los funcionarios está poner en marcha el nuevo polo antes de que termine 2019.


Las obras emblema son tres edificios que cubrirán más de 18.000 metros cuadrados: el edificio ESTRADA (Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos), el edificio de la Suprema Corte de Justicia y el edificio del Ministerio Público Fiscal.


Estas tres obras, que en total suman una inversión de unos 1.300 millones de pesos, están con diferentes grados de avance y con dos licitaciones en marcha. Pero el compromiso de la Nación de otorgar hasta 450 millones de pesos generó más que optimismo.


La edificación más avanzada en la primera etapa es la más pequeña del complejo, el ESTRADA, que ya fue licitada y adjudicada por 160 millones de pesos.


Ubicado más cerca del cruce de Atahualpa Yupanqui y San Felipe, la obra se levanta con el objetivo de que sea el espacio para recibir a los detenidos provenientes de las comisarías, con la idea de descongestionarlas, y a procesados del Servicio Penitenciario que ingresan por primera vez. Para eso habrá dos áreas con celdas.


El segundo edificio que se levantará será el destinado al área penal de la Suprema Corte, con un presupuesto superior a los 650 millones de pesos y con la licitación muy cerca de la adjudicación. Los interesados son: Corporación del Sur junto a Riec SA, Ceosa-Tolcon SRL, Cartellone- Obras Andinas SA, Stornini-Ayfra-Construcciones San José y Procon SRL.


 


Esta obra, una de las más ambiciosas, tendrá una superficie cubierta de 14.709,80 m2 y será ejecutado con un sistema mixto de construcción que incluye elementos prefabricados y construcción tradicional.


Una obra clave para el funcionamiento de estos dos edificios será la construcción de un túnel que unirá la cárcel con el nuevo Polo Judicial. Este “presoducto” (así lo llaman en el Ejecutivo provincial) será el que habilite en el futuro la posibilidad de realizar las audiencias penales a pocos metros de distancia de los lugares de detención.


Con la misión de ahorrar

El ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner, comentó a Área Tres que esta estructura para eficientizar el gasto y agilizar los tiempos de la Justicia también busca que no se mezclen los detenidos que han cometido delitos graves con los capturados por delitos leves.


“Vamos a llevar todo el sistema penal ahí, eso nos va a permitir un ahorro de entre 100 y 150 millones de pesos en costos de traslado, horas-hombre de los 1.500 oficios mensuales que se hacen de traslado para poder llevar internos a las audiencias penales. Lo que haremos ahora es llevar al juez y al fiscal al lugar del detenido para no gastar dinero. Porque por cada detenido hay que mover dos penitenciarios más vehículo. Así, por donde lo miremos, es un sistema muy inteligente”, detalló Kerchner.


Para este ambicioso proyecto era clave que la Nación aportara dinero. Finalmente, y tras varias declaraciones de interés, se firmó a fines de julio un convenio con el Ministerio de Justicia de la Nación, en el que el organismo nacional se compromete a desembolsar hasta 450 millones de pesos. Esto representa un tercio del total de la inversión programada para el Polo Judicial.


“La idea es que se termine la obra a finales de 2019. Ya estamos aplicando la oralidad con la infraestructura vieja con salas que luego quedarán pequeñas, entonces este Polo Judicial viene a solucionar el problema y a dar más agilidad a las causas”, dijo el gobernador Alfredo Cornejo tras la firma del compromiso en Buenos Aires.


El tercer edificio

Los dos edificios más grandes con los que contará este Polo serán los de la Suprema Corte, con 26 salas de audiencia, y el del Ministerio Público Fiscal, cuya licitación ya se hizo formal por 631.631.974 pesos y en agosto se realizará la apertura de sobres.


Esta obra albergará al Ministerio Público y a todas sus unidades fiscales. Asimismo, sumará espacio para el Ministerio Público de la Defensa, creado en la gestión actual.


Grandes obras para seguridad

El presupuesto provincial destinado a mejorar el Sistema Penitenciario de Mendoza ha sido un gran imán para las empresas constructoras. Por un lado están los cerca de 1.300 millones de pesos para el Polo Judicial, pero a su vez se destinan más de 2.500 millones de pesos para mejorar y sumar edificaciones para contener a los presos.


Desde el Ministro de Economía, Infraestructura y Energía aseguran que son más de 30 obras, entre las que se destacan dos que se llevan gran parte de ese presupuesto: una es la terminación de la cárcel federal de Cacheuta, que en agosto recibe a los primeros 200 internos y, segunda, la construcción del complejo Almafuerte II, también en Cacheuta.


Para las empresas constructoras, es fundamental el compromiso del Gobierno provincial para sostener su infraestructura y planta de empleados. El convenio recientemente firmado con el Ministerio de Justicia de la Nación trae alivio en un año de ajustes, con un recorte presupuestario programado para 2019 en el que Mendoza debería restringirse en unos 4.100 millones de pesos. Estas readecuaciones hacen temblar los planes de grandes obras y preocupa a los empresarios, que vieron en la obra pública un despegue iniciado en 2017. De todas maneras, desde el Ejecutivo provincial han afirmado, más de una vez, que el ritmo de obra no se detendrá.