El potencial minero dormido

Por Ezequiel Derhun El debate sobre cómo potenciar la matriz productiva de Mendoza tiene varios años y gestiones que no lograron encauzar todas las voluntades para lograrlo. Ahora, con el fracaso del intento de modificación de la Ley 7722, esa expectativa vuelve a foja cero y obliga a repensar otros caminos en el recurrente intento […]


Por Ezequiel Derhun





El debate sobre cómo potenciar la matriz productiva de Mendoza tiene varios años y gestiones que no lograron encauzar todas las voluntades para lograrlo. Ahora, con el fracaso del intento de modificación de la Ley 7722, esa expectativa vuelve a foja cero y obliga a repensar otros caminos en el recurrente intento por diversificar y ampliar la matriz productiva de la provincia.





Los recursos hidrocarburíferos, mineros y energéticos abren el escenario de potenciales inversiones, muchas en la gatera, que estaban esperando este momento preciso de la historia, dado que la provincia ofrece una base industrial, hoy adormecida, y un desarrollo tecnológico que antes no existía.





Los números para una actividad minera a pleno con los proyectos en danza a mediano plazo impresionan, pero también frustran. Desde la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CAMEM) indican que evalor bruto de los recursos en tierra mendocina alcanzan los 350 mil millones de dólares. Además, sostienen que hay 20 proyectos a desarrollar, de los cuales 5 tienen posibilidades de ser impulsados a mediano plazo.





En tanto, desde la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza manifestaron que hay al menos 5 multinacionales dispuestas a dar los primeros pasos. Aclarando que en minería todos los desarrollos llevan varios años hasta que se confirma la etapa de explotación. En principio estas 5 empresas estarían dispuestas a instalar una base y a generar tareas de logística por unos 50 millones de dólares.





En tanto, si hablamos de puestos de trabajo, la proyección también es grandilocuente. Si se toman en cuenta las etapas de construcción, de infraestructura y la mano de obra directa e indirecta que generan estos emprendimientos, más la necesidad de trabajadores calificados, la demanda se cuenta por decenas de miles.









Pero más allá de lo que fue la experiencia frustrada de modificación de la ley 7722, qué hay de cierto sobre el potencial minero de Mendoza. ¿Cuántos proyectos con cierto grado de avance o viabilidad hay en la provincia? Sobre esto, intentaremos echar algo de luz entre tanto fuego cruzado.





Principales proyectos





La geografía provincial tiene, entre sus riquezas bajo tierra, el siguiente potencial, ubicándolo de norte a sur: Paramillos de Uspallata (plomo, plata y zinc), San Jorge (cobre), Yalguaraz (cobre), Paramillos Sur (cobre), Paramillos Norte (cobre), Santa Clara (oro), Picos Bayos (cobre), Papagayos (cobre),  Sierra Pintada (uranio), Barroso (cobre), Universidad (cobre), Elisa (cobre), Agua Botada-Huemules (uranio), Cerro Amarillo (cobre), Hierro Indio (Hierro), El Seguro (cobre), Don Sixto (oro), Matancillas (cobre), Cajón Grande (cobre) y Quebrada Amarilla (cobre).





Ahora bien, si hablamos de mediano a corto plazo, son sólo cinco los proyectos metalíferos que podrían ingresar a una eventual etapa de exploración, esto es, hacer el trabajo de campo para verificar el potencial de yacimiento. Estos son: Hierro Indio, Cerro Amarillo, Paramillos norte, Paramillos sur y Huemules-Agua Botada.





Según explicó Raúl Rodríguez, presidente de la CAMEM a Área Tres Energía, siempre hay que tener en cuenta que se habla de “tiempos mineros”, esto significa que para una etapa de exploración dos o tres años son lógicos y es poco si luego se tiene en cuenta que ya en plena explotación e industrialización una mina puede tener 20, 30 o más años de vida útil.





Dos proyectos “listos”





Si pasamos a hablar de proyectos que están avanzados y cuentan con estudios de factibilidad preparados son sólo dos: San Jorge, en Las Heras, y Don Sixto, en Malargüe.





San Jorge es el yacimiento de oro y cobre ubicado en Uspallata. Este proyecto en manos de inversores rusos, que compraron la iniciativa a la canadiense Coro Mining, viene intentando esquivar los límites que imponía la Ley 7722; incluso llegaron a presentar la idea de que funcione como cantera en el lado mendocino y que el material se traslade a San Juan para que allí se realice el proceso de lixiviación, donde se separa y extrae el oro de la roca con una solución de cianuro.





En tanto, Don Sixto, en el límite entre San Rafael y Malargüe, está preparado para retomar la etapa de explotación, dado que el emprendimiento fue suspendido luego de la sanción de la 7722 en el año 2007.





En concreto, más allá de la polémica en torno a la fallida modificación de la Ley 7722, hoy Mendoza tiene sólo dos proyectos con cierto nivel de avance que hubieran podido arrancar si esta norma era modificada. Estos proyectos, como todo el resto en consecuencia, seguirán parados al igual que el potencial minero metalífero de Mendoza.





La reforma que no fue









Salió publicada en el Boletín Oficial del 31 de diciembre la derogación a la ley 9209 y la restitución de la 7722. De esta manera, se terminó el conflicto iniciado el 20 de diciembre cuando el Poder Legislativo aprobó el proyecto proveniente del Ejecutivo para reformar la 7722.





Tras días de protestas y de manifestaciones masivas, el Gobierno provincial encabezado por Rodolfo Suarez decidió dar marcha atrás con la ley que había sido aprobada con acuerdo tanto del oficialismo como por los legisladores del Partido Justicialista. Pero unos días después, tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores dieron su aval para derogar la 9209.





La modificación / derogación de la Ley 7722 intentaba abrirle el camino a la mega minería metalífera en Mendoza, con condiciones para alcanzar una práctica sustentable. Modificaba el marco legal (de nuevo vigente) estableciendo que la única sustancia prohibida en emprendimientos mineros iba a ser el mercurio, dando lugar al uso del cianuro, que es el elemento que se utiliza para separar el material precioso de la roca extraída, particularmente el oro, plata y cobre, en el proceso conocido como lixiviación.





Otros de los cambios que se intentaron dar es que las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) para cada una de las etapas de un proyecto minero ya no iban a necesitar pasar por la Legislatura porque, en cambio, debían estar acompañadas por informes del Departamento General de Irrigación (DGI), el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) y el municipio donde se intenta desarrollar el proyecto.









Y quedó en nada también la creación de un sistema de control bajo la órbita de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, con la conformación de una Policía Ambiental de Actividades Extractivas, una Comisión Bicameral de Seguimiento, la posibilidad de realizar auditorías internacionales y la participación ciudadana, a través de lo que se llamó Red de Vigilancia Ambiental.